¿La corrupción es racional?

En la actualidad, tanto en los medios como en la sociedad se percibe cierto aire de que el mal endémico llamado “corrupción” se ha extendido por lo largo y ancho de nuestro país. Inclusive el mal nombrado “oasis catalán” ha mostrado su verdadera cara con “el caso Millet”, “la financiación CDC”,…

Llegados pues a estos puntos quiero exponer una reflexión (por supuesto nunca propia, sino versada en la opinión de diversos expertos en el tema) sobre la corrupción como un hecho racional. Dicho sea de paso, que comprender la corrupción como una cosa racional no implica de ninguna de las maneras su práctica o su justificación.

Para llegar a comprender este análisis me gustaría que realizarán este pequeño ejercicio: Ordené de mayor a menor gravedad de la corrupción estas actividades:

- Bajarse música de Internet.

- Colarse en el metro.

- Sobornar a la autoridad para evitar una multa.

Apuesto que la gran mayoría ha seguido el orden inverso con el que hemos enunciado las actividades. Es decir, han considerado que el hecho más corrupto es sobornar a la autoridad, seguida de colarse en el metro e incluso se pregunta que hay de malo en bajarse música de Internet. Pues bien, mal me temo que lo que acaba de realizar es una reflexión racional del coste-beneficio de sus acciones. Me explico, la corrupción no es más que un cálculo racional. Dicho calculo se basa en el beneficio que yo obtengo si actúo corruptamente restado a la posibilidades de que sea descubierto y el castigo que ello implique.

Esto mismo es más o menos, lo que el señor Millet debió calcular a la hora de expoliar el Palau de la Música (unos 34 millones de €). El señor Millet sabia del cierto que era considerado una institución cultural, además de que el Palau como institución es un símbolo para Cataluña. Una de las cosas que también tenia presente es el hecho que la institución fiscalizadora del Palau tarda unos 6 años en emitir un informe, siendo también reseñable la actitud de la mayoría de diputados harían caso omiso de los informes de las entidades fiscalizadoras. El resultado, es según su calculo racional, que los costes de la corrupción eran menores que sus beneficios, por ello actuó racionalmente.

La conclusión es entonces que todos somos corruptos si los costes de ser-lo son menores que los posibles beneficios obtenidos. Dicha conclusión, es a mí entender falsa puesto que no tenemos en cuenta la moral y la ética individual. Más aún debemos contar con la permisividad de nuestro entorno y nuestra sociedad (No es lo mismo vivir en Finlandia que vivir en México).

¿Nos preguntamos como evitar la corrupción?, empecemos por sustituir el concepto “evitar” por “combatir”.

¿Cómo? Aumentando los costes de corromper y concienciando a la sociedad de que algunos comportamientos deberían ser considerados inaceptables.

¿Difícil? Mucho, pero vale la pena intentarlo.

Diseñando un sistema justo

Como ya anunciábamos en anteriores posts, vamos a emprender la difícil y complicada tarea de diseñar un esquema mental de cómo debiera ser un sistema de pensiones justo y eficaz. Para todo ello, intentaremos basar nuestros argumentos en un principio de igualdad, entendido como: “trato igual a los iguales y trato diferente a los diferentes”. Cabe destacar pero, que no vamos a diseñar un complejo sistema de pensiones, sino más bien nuestro propósito es dar una serie de variables que deben ser valoradas a la hora de reformar el sistema de pensiones.
Así pues, aunque pueda parecer muy impopular, nuestra edad de jubilación se establecería en los 67 años. Ahora bien, esta afirmación no contempla la igualdad como principio, ya que como muchos imaginareis NO todo el mundo parte de las mismas condiciones. Por ello, se debe establecer un sistema de coeficientes reductores que fomenten en menor o mayor medida un sistema más equitativo.
A continuación, nombraremos algunas de las variables que deben ser tomadas en cuenta a la hora de construir el sistema de coeficientes reductores. Entendiendo que, los coeficientes reductores han de resultar una bajada o subida de la edad establecida (67 años) tratando siempre de adaptarse en la medida de lo posible a las situaciones personales. A la vez, dichos coeficientes pueden ser acumulables por cada uno de los individuos restando más o menos a la edad establecida. Así pues, partiendo de la base que todos los individuos deben jubilarse a los 67 años, nuestros coeficientes reductores deben contemplar las variables:

• Sectorialización y categoriación de la jubilación: Este variable parte del principio que todos los trabajos no implican un desgaste físico equivalente. Como la famosa idea afirma “No es lo mismo trabajar subido a un andamio, que trabajar dando clases en la universidad”. Pues bien, la cuestión parte de la base de que el Estado debiera desarrollar un listado de categorías laborales y sectores implicados, en los cuales la edad de jubilación debería de adelantarse unos años.
• Años de cotización: Otra de las variables clave, para dar mayor justicia al sistema de pensiones son la cantidad de años cotizados. De esta manera, la gente que con 16 años comenzó su carrera laboral debe finalizarla antes que aquel que estudio una carrera, un master y comenzó a trabajar a los 25 años. No se trata de penalizar a la persona formada (pues muy posiblemente su trabajo no sea físico y goce de una mayor pensión en su vejez). Así pues, el Estado debe establecer un límite de años pasado los cuales la edad de jubilación se adelantará 6 meses por año.
• Incentivos al trabajo parcial: Una de las medidas clave para poder alargar la edad de jubilación sin provocar situaciones traumáticas al trabajador debería ser el incentivo al trabajo parcial. De esta manera, a partir de una edad razonable (pongamos 63 años) se le podría plantear al trabajador la posibilidad de realizar una jornada laboral parcial y a la vez cobrar la mitad de la pensión (que NO del salario). Esta medida, puede favorecer la continuidad laboral, minimizando la perdida de poder adquisitivo mediante el cobro de una pensión.
• Incentivos monetarios más allá de los 67 años: Como medida complementaria, todo aquel ciudadano que desee continuar trabajando una vez cumplidos los 67 años, debe ser premiado. Tal que, el Estado debe garantizar una subida de entre el 5% y el 10% de la pensión por cada año trabajado de más (contemplando siempre unos límites en el importe de la pensión).
  

No es el Cuándo, es el Cómo.

Durante estos últimos días a saltado a la opinión pública la nueva medida del gobierno sobre el aumento de la edad de jubilación a los 67 años. La respuesta a dicha propuesta ha sido cuasi unánime “Va a trabajar tu…. Madre hasta los 67” (popularizada por los famosos grupos facebook). Y es que, en temas tan sensibles para los trabajadores como este, se hace muy difícil dar una respuesta que contente a todos.

Antes de abordar el tema, debemos poner todas las cartas sobre la mesa. Así pues, hay que entender que la jubilación en España no es más que un Pacto intergeneracional. Es decir, las generaciones actuales en edad laboral aportan las cotizaciones que sirven para pagar la ansiada pensión a los jubilados. Hasta ahí todo va bien, el problema surge cuando la balanza se desequilibra a favor de los beneficiarios, el sistema se colapsa y los requisitos del Pacto NO pueden cumplirse. En principio, no debemos alarmarnos ni ser catastrofistas, la caja de la Seguridad Social esta destinada a aguantar el tiempo suficiente como para pactar una nueva reforma. Ahora bien, ciertos indicios nos hacen pensar que cuanto antes se solucione, mejor será para todos.
Las condiciones actuales muestran previsibles escenarios desfavorables. La bajada drástica de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida son factores clave para entender el desequilibrio. Si a todo ello, le sumamos que la Generación del Baby Boom se jubilará dejando en herencia una generación más bien escasa en efectivos; tenemos el problema “¿Quién pagará las pensiones?”. Llegados a este punto vamos a desmentir lo que algunas voces anuncian: Los inmigrantes NO pagarán las pensiones, por una clara y simple razón: los estudios demuestran que para que eso ocurriera deberían ser regularizados una cantidad desorbitada de inmigrantes al año, inasumibles para nuestro sistema productivo. Por consiguiente, el gobierno debe tocar la difícil y sensible tecla de la edad de jubilación.
Puestos entonces, a debatir sobre un tema tan espinoso y vital como este. Desde aquí queremos lanzar una reflexión que mucho sectores ya están reclamando. La importancia de la jubilación no reside tanto en la edad, sea 65 o 67 años, sino más bien, la solución reside en CÓMO nos jubilamos. En otras palabras, en qué condiciones de vida llegamos a la edad de jubilación.
Con este principio, desarrollaremos, a lo largo de la semana entrante, una humilde propuesta sobre el aumento en la edad de jubilación